La complejidad de la sociedad actual, la rapidez de su evolución y la confluencia, a veces conflictiva, de actores sociales (entre los que se incluyen también los económicos), la fluidez de las fronteras físicas y políticas, las continuas fluctuaciones económicas que han fortalecido y consolidado a una elite económica mundial, la incapacidad de los Estados anclados con dificultades en un quebrantado principio de soberanía, enfrentan al investigador social y al investigador jurídico con la necesidad de analizar la realidad desde una perspectiva global -o lo más global posible- junto a una complejidad que exige, por razones de capacidad, centrarse en temas concretos ya de por sí tremendamente complejos.
La investigación realizada en los tres años previos, nos ha hecho conscientes de la necesidad, no sólo de abordar los nuevos problemas penales que se plantean a la actual sociedad altamente tecnologizada y conectada, sino de repensar el modelo penal imperante en España y en los Estados de nuestro entorno socio-económico, tomando en consideración, una vez constatada la importancia de su incidencia, los siguientes aspectos
Junto a ello, y todo ello, contrastando nuestras reflexiones con la evolución de la distribución de la riqueza, muy especialmente desde 2003 y 2008, fechas clave, la primera en el cambio de tendencia en materia de seguridad; la segunda, en el cambio de tendencia de la distribución de la riqueza. La crisis pandémica y la guerra de Ucrania han introducido nuevos factores que están incidiendo no solo en la producción legislativa penal, sino, también – esto es muy importante-, en la necesidad de incorporar estas nuevas realidades a tipos penales que nunca fueron objeto de sentencias o que fueron infrautilizados.